Recientemente, la OECD afirmó que el uso estratégico y coherente de las tecnologías digitales en el Estado genera efectos e impactos considerables tanto en los ciudadanos como en las empresas, debido principalmente a la mejora de la calidad de los servicios públicos, el aumento de la transparencia, participación y mayor eficiencia y optimización de la inversión pública.

Es otras palabras, el sector público se vuelve más productivo y proactivo, con políticas más eficaces e incluyentes, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, las que redundan en mayor confianza en los gobiernos. La organización internacional plantea la necesidad de que Chile avance paulatinamente hacia un modelo de gobernanza que asegure la coordinación y coherencia del Estado en el uso de las TIC, identificando cuáles son las buenas prácticas que son comunes en la mayoría de los países de la OECD y planteando alternativas para avanzar en el desarrollo del gobierno digital.

“Para realizar la modernización del Estado son indispensables las tecnologías de información y comunicación. Son herramientas facilitadoras para la Modernización de la gestión pública, y no incorporarlas es impensable en siglo XXI”, expresó en Modernización.gob.cl la Subsecretaria General de la Presidencia y Secretaria Ejecutiva de la Agenda Digital, Patricia Silva, en el contexto del informe.

Además, señaló que “en términos de la gestión pública, las TICs generan importantes ahorros al Estado, porque la implementación coordinada y estratégica de estas políticas aportan en eficiencia y soluciones transversales para mejorar las políticas públicas. Asimismo, intensificar el uso estratégico de la tecnología en el Estado, promueve una mayor productividad del sector y optimiza la inversión pública”.

En tanto, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre apuntó que la tecnología al servicio de las personas es un principio orientador e inspirador de muchas de nuestras políticas públicas. "El uso estratégico de las tecnologías digitales en el Estado genera efectos e impactos considerables tanto en los ciudadanos como en las empresas, debido a la mejora de la calidad de los servicios públicos, el aumento de la transparencia y la participación, además de más eficiencia y optimización de la inversión pública", comentó.